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martes, 11 de octubre de 2011

Sin título

por Javier de Alba Solís


Durante el último sexenio, un choque de fuerzas políticas han abogado a favor o en contra del desarrollo del país, con opiniones diversas y muchas veces sin fundamento, donde la realidad social a veces se muestra ajena y pareciera casi contradictoria con la realidad económica que se afirma. Sin un nivel de certeza sustentado y sin conciencia de este fenómeno muchas veces la discusión a favor o en contra resulta más bien ideológica y pasional más que veraz y concreta. De este modo, se pretende corroborar o desmentir algunos argumentos y concepciones.

En tanto al ingreso nacional se refiere y su composición, la participación histórica de la industria petrolera dentro del ingreso total ha oscilado tenuemente entre el 30 por ciento y el 40 por ciento, donde para el periodo correspondiente al 2011 se puede observar que el cambio ha permanecido dentro de la línea de dispersión con el 35.21% del total. Siendo esta cantidad en términos reales de 1 042 552.0 Millones de Pesos. De esta manera podemos inferir de manera muy clara que la estructura nacional se ha mantenido constante, donde a pesar de haber existido un crecimiento de 12.8 millones de personas en el padrón de contribuyentes como es señalado en el Informe presentado por el Presidente Felipe Calderón, los ingresos nacionales no se han modificado de manera significativa.

Si continuamos con el análisis de manera más escrupulosa y crítica nos quedan dos opciones. Por un lado la postura planteada por el presidente se puede observar como un acto político, más conveniente que práctico o real, donde las cifras pudieran estar maquilladas, cuestión que históricamente también seria propia de la estructura nacional, sin embargo concediendo el derecho de la credibilidad nos lleva a la siguiente opción, la cual no hace cuestionarnos ¿cual es la calidad de los empleos que ejercen las personas de reciente ingreso dentro del padrón de contribuyentes? Ya que si existió un crecimiento en el padrón de contribuyentes propio al 10 % de la población nacional ¿por qué sus aportaciones no se ven reflejadas dentro de la captación de recursos que constituye al ingreso nacional?

En el tema relativo a la educación, la inversión del gobierno aumento de 8 230 827.5 Miles de Pesos a 15 354 596 Miles de Pesos, un crecimiento fuerte con relación al periodo anterior, sin embargo de igual manera hubo un incremento en los gastos directos desproporciónala al incremento en la inversión, siendo estos mas del doble que en el periodo anterior. La cifra entregada por el poder ejecutivo afirma un monto de 2 524 843.7 Miles de Pesos para el periodo correspondiente al 2011 así como una cantidad de 1 167 967.8 Miles de Pesos, para el periodo anterior. Otra observación importante denota una reducción altamente significativa en el presupuesto de la Universidad Autónoma de México, a pesar de un incremento en el presupuesto, resintiéndose con una declinamiento en la inversión correspondiente a una tercera parte, pasando de 2 162 758.2 Miles de Pesos en el periodo del 2010 a un monto de 1 485 445.3 Miles de Pesos en el 2011.

A manera de reflexión se puede argumentar que las cifras no son nada si presienten de la interpretación, y así con su abstracta naturaleza estas pueden ser utilizadas para sustentar casi cualquier ponencia. Por lo tanto, la pregunta prevalece ¿la nación se dirige en las vías del desarrollo?

¿Siempre Déficit?

Por Enríquez Caballero Paola

Es bien sabido que el Estado mexicano tiene el deber de asegurar a la sociedad el cumplimiento de los derechos fundamentales, con lo cual cuenta con el patrimonio que ha sido recolectado a partir de diversos gravámenes e impuestos (ingresos públicos), y el cual igualmente se emplea con un concepto conocido como gasto público. Se habla de déficit[1]  cuando los pagos superan a los ingresos y el balance, en consecuencia, es negativo; existen varios métodos utilizados por los gobiernos para poder pagar el déficit fiscal: disminución del gasto, aumento de impuestos, un aumento en la cantidad y monto de los préstamos que solicita en el exterior o a nivel nacional, o con emisiones de dinero.

Entre los numerosos problemas que actualmente vive el país, uno de los más importantes es la deteriorada situación por la que atraviesa el fisco mexicano, lo que ha acrecentado el interés nacional por la evolución de las cuentas fiscales. Este malestar fiscal ha sido el resultado de una tendencia creciente del gasto, así como de un crecimiento paulatino de los ingresos público, sin poder alcanzar los gastos. Es por eso que se han tratado de implementar una serie de políticas de ajustes que sin embargo han logrado conseguir resultados poco satisfactorios en materia económica.

En su quinto informe de gobierno, el Presidente Felipe Calderón aseveró que hasta la primera mitad de 2011, la economía mexicana se ha mantenido en expansión, consolidándose la recuperación económica que inició a mediados del 2009. Destaca que, pese a la crisis mundial, el país logrará un crecimiento del Producto Interno Bruto con un déficit publico de 2.85% en relación al PIB. El Paquete Económico está orientado a promover un mayor desarrollo en un contexto de responsabilidad en las finanzas públicas. Por un lado, se dirige a fomentar la recuperación de la economía al mantener el impulso contracíclico a través de un déficit público moderado y, por otro, a asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas al preservar una trayectoria descendente del déficit y dar continuidad a las modificaciones tributarias aprobadas a finales de 2009. Como se puede apreciar en la grafica (1) nos muestra el avance que ha temido el déficit  que al parecer no tiene fin, a partir del 2008 tiene una caída drástica, pudiendo relacionar este fenómeno a la crisis que en esos momentos comenzaba.



En la siguiente grafica (2) observamos el transcurso de los ingreso en un periodo donde la política de ingresos se orientó al fortalecimiento de la recaudación mediante el mantenimiento del proceso de mejora de la eficiencia de la administración tributaria, una mayor simplificación de los trámites que deben seguir los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones fiscales, la ampliación del número de contribuyentes y mejoras en los procesos de vigilancia del adecuado cumplimiento de dichas obligaciones.      
      
*Grafica (2) Fuente: Elaboración propia en base a los Anexos del V Informe de Gobierno 2011.

En la política de gasto público se propuso fortalecer tres aspectos fundamentales para el pleno desarrollo del país y de la sociedad en su conjunto: i) el crecimiento económico y la generación de más y mejores empleos; ii) el apoyo al desarrollo social, con particular énfasis en educación, salud y combate a la pobreza; y iii) las actividades en materia de seguridad pública y procuración de justicia. El ejercicio del gasto público observado en la grafica (3) continuó desarrollándose en un marco de responsabilidad, austeridad, eficiencia y transparencia en la conducción de las finanzas públicas.


*Grafica (3) Fuente: Elaboración propia en base a los Anexos del V Informe de Gobierno 2011.

Tal vez el problema de los déficit fiscales no se debe a la necesidad de realizar un gasto (por ejemplo, una obra pública) sino a que la conformación del partido que toma las decisiones de política fiscal no representa a un sólo cuerpo sino a un conjunto de cuerpos muchas veces divergentes; y por ende la política fiscal es inconsistente en el tiempo. El problema fiscal es quizá el más importante que en estos momentos afronta México. No solo por la presencia de un déficit que llega al 2.85% del Producto Interno Bruto, sino también por el problema estructural que se deriva de una carencia de institucionalidad en el Sector Público y que convierte a las finanzas públicas en un problema de muy difícil solución.


[1] El déficit se le conoce como una cantidad, normalmente expresada en términos monetarios, que indica que una suma es inferior a otra.

Seguridad pública e incidencia delictiva

por Nataly Hernández


En la actualidad, ha sido notorio el incremento paulatino del índice de criminalidad en el país. Este evento resulta coincidir con momentos de crisis económica, en los que se experimenta una sensible reducción de la capacidad adquisitiva del estrato social de menores recursos. En este escenario, la criminalidad representa un obstáculo social, en tanto contribuye al aumento de la pobreza y la desigualdad en la sociedad mexicana. Por esta razón, la seguridad pública ha sido uno de los asuntos prioritarios del actual gobierno mexicano, el cual ha pretendido desarrollar acciones que permitan combatir sistemáticamente a las organizaciones criminales.

§  Incidencia delictiva en la última década.

Según estadísticas proporcionadas por la Secretaría de Seguridad Pública, el índice nacional de incidencia delictiva[1] ha presentado una tendencia ascendente durante el periodo 2000-2010, creciendo a un ritmo medio anual de 3.2%.


Ante este problema, el Estado se comprometió a adoptar una serie de medidas para consolidar una política efectiva en materia de seguridad pública, entre las que se encontraban la creación de un marco legal que garantizara la permanencia y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública.

§  Política gubernamental frente a la criminalidad.

Los esfuerzos del gobierno federal por aminorar el alto grado de incidencia delictiva se han visto reflejados en un gasto público federal creciente en orden, seguridad y justicia; desde el año 2003 y hasta 2010, el monto de gasto destinado a este rubro casi se ha triplicado, cifrándose en 55,151.7 millones de pesos en el último año.
                                
Sin embargo, pese a los avances alcanzados a partir de las reformas en las instituciones involucradas en garantizar la seguridad pública, no debe olvidarse que los factores económicos son sumamente importantes en la explicación del incremento del nivel de criminalidad en una sociedad. La carencia de los recursos indispensables para la satisfacción de necesidades básicas es, por supuesto, una de las causas principales que lleva a los individuos a incurrir en actividades delictivas.

En materia de desigualdad económica, las políticas gubernamentales se han enfocado en fomentar mejores condiciones de vida que prevengan conductas delictivas; durante los primeros cuatro años de la presente administración, el gasto programable pagado destinado al desarrollo social creció 17.2% en términos reales. Pero, a pesar del esfuerzo realizado para lograr la cobertura de servicios básicos para las regiones en peores condiciones materiales (educativos, de salud, vivienda, electricidad, pisos firmes y agua potable, entre otros), no se ha logrado hacer disminuir de manera considerable el nivel de criminalidad en el país.

Al parecer, el alto grado de incidencia delictiva en el país no es un problema que pueda resolverse de manera efectiva sólo a partir de la reforma institucional y del mejoramiento parcial en las condiciones de vida del estrato social de menores el otorgamiento de mejores servicios públicos; se requiere, adicionalmente, fomentar el crecimiento a partir del impulso de las actividades económicas, el cual está asociado a una mayor capacidad del sistema para generar empleos y, con ello,  al progreso material de la población desempleada, una vez que se integre eficazmente a éste, frenando así su pauperización.



[1] Delitos de fuero federal cometidos por cada 1000 habitantes.

domingo, 9 de octubre de 2011

Los recursos petroleros, ¿elementales en la actualidad?

por Belén Chávez


Como sabemos los recursos petroleros han sido fundamentales para la economía mexicana desde hace mucho tiempo. Debido a la escasez de petróleo, dificultad de extracción, falta de inversiones, innovaciones y plantas, en la actualidad encontramos varios problemas.

Uno de ellos es el incremento en el precio de los combustibles, tratando de ajustar el precio al valor real del producto; otro la falta de infraestructura en materia de refinación, provocando un mayor precio y largo proceso en la producción de combustibles, entre algunos problemas más; por lo cual se ha tratado de resolverlos o aminorarlos.

Por ello, en el quinto informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón en lo referido a este tema encontramos que uno de los objetivos fundamentales es: “fortalecer la exploración y producción de crudo y gas, la modernización y ampliación de la capacidad de refinación, el incremento en la capacidad de almacenamiento, suministro y transporte, y el desarrollo de plantas procesadoras de productos derivados y gas”. Esto nos da un indicio de una búsqueda de mejores resultados con una implementación de medidas que resuelvan dichos problemas.

Pero, ¿Cómo poder hacerlo?, si los excedentes petroleros se han destinado principalmente a financiar los gastos y cubrir los déficit gubernamentales con ineficiencias del aparato productivo nacional y rezagos tecnológicos, acompañados por un consumo poblacional afectado por la caída del salario, desempleo y alza de precios. Se convierte en una tarea sumamente difícil.

En México contamos con zonas petroleras de suma importancia entre ellas Cantarell que representó el yacimiento petrolero más importante de las ultimas 3 décadas, con menor capacidad productiva que MaloobZaap de donde se extrae más del 70% del crudo mexicano, ambos localizados en el Golfo de México. Enfrentando una caída de la disponibilidad del petróleo para exportación en dichas zonas, se observa claramente la disminución tanto de exportaciones como ingresos; mientras en 1985 el porcentaje de las exportaciones totales respecto al petróleo eran de 54.5% para 2011 de 16%, una disminución de más del 50%.


Imaginemos entonces la situación, mientras en los 80’s más de la mitad de los recursos mexicanos provenía del petróleo, para los 2000’s representan menos del 20%. Esto por supuesto lleva a un cambio de política económica orientada hacia la búsqueda de mayores recursos y eficiencia de los mismos.

No hay que olvidar que nos encontramos ante una relación de dependencia económica y tecnológica con nuestro vecino del Norte, que por si fuera poco es el mayor comprador de crudo del país. Nos lleva por tanto a pensar en el rezago tecnológico existente en cuanto a la construcción de nuevas refinerías y en la perdida de presencia de PEMEX en el mercado petrolero internacional.

Además con la aprobación de la reforma energética en 2008, que mediante la  Ley de Petróleos Mexicanos da más facultades a PEMEX de actuar a favor de sus beneficios, se dio un cambio estructural y normativo, que en el actual gobierno ha tratado de sobrellevar esta diferencia entre ingresos petroleros y no petroleros, infraestructura, explotación de recursos, incremento de la producción y exportación entre muchos más.


Podemos ver que los recursos petroleros han disminuido cuantitativamente, pero no por ello dejan de ser importantes para la economía mexicana. Si bien los ingresos no petroleros han superado a los petroleros siguen representando una parte fundamental de los ingresos. Por eso la creación y adaptación de políticas acorde a las necesidades y modificaciones de las mismas jugaron y juegan un papel importante en el gobierno actual.