En la actualidad, ha sido notorio el incremento paulatino del índice de criminalidad en el país. Este evento resulta coincidir con momentos de crisis económica, en los que se experimenta una sensible reducción de la capacidad adquisitiva del estrato social de menores recursos. En este escenario, la criminalidad representa un obstáculo social, en tanto contribuye al aumento de la pobreza y la desigualdad en la sociedad mexicana. Por esta razón, la seguridad pública ha sido uno de los asuntos prioritarios del actual gobierno mexicano, el cual ha pretendido desarrollar acciones que permitan combatir sistemáticamente a las organizaciones criminales.
§ Incidencia delictiva en la última década.
Según estadísticas proporcionadas por la Secretaría de Seguridad Pública, el índice nacional de incidencia delictiva[1] ha presentado una tendencia ascendente durante el periodo 2000-2010, creciendo a un ritmo medio anual de 3.2%.
Ante este problema, el Estado se comprometió a adoptar una serie de medidas para consolidar una política efectiva en materia de seguridad pública, entre las que se encontraban la creación de un marco legal que garantizara la permanencia y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública.
§ Política gubernamental frente a la criminalidad.
Los esfuerzos del gobierno federal por aminorar el alto grado de incidencia delictiva se han visto reflejados en un gasto público federal creciente en orden, seguridad y justicia; desde el año 2003 y hasta 2010, el monto de gasto destinado a este rubro casi se ha triplicado, cifrándose en 55,151.7 millones de pesos en el último año.
Sin embargo, pese a los avances alcanzados a partir de las reformas en las instituciones involucradas en garantizar la seguridad pública, no debe olvidarse que los factores económicos son sumamente importantes en la explicación del incremento del nivel de criminalidad en una sociedad. La carencia de los recursos indispensables para la satisfacción de necesidades básicas es, por supuesto, una de las causas principales que lleva a los individuos a incurrir en actividades delictivas.
En materia de desigualdad económica, las políticas gubernamentales se han enfocado en fomentar mejores condiciones de vida que prevengan conductas delictivas; durante los primeros cuatro años de la presente administración, el gasto programable pagado destinado al desarrollo social creció 17.2% en términos reales. Pero, a pesar del esfuerzo realizado para lograr la cobertura de servicios básicos para las regiones en peores condiciones materiales (educativos, de salud, vivienda, electricidad, pisos firmes y agua potable, entre otros), no se ha logrado hacer disminuir de manera considerable el nivel de criminalidad en el país.
Al parecer, el alto grado de incidencia delictiva en el país no es un problema que pueda resolverse de manera efectiva sólo a partir de la reforma institucional y del mejoramiento parcial en las condiciones de vida del estrato social de menores el otorgamiento de mejores servicios públicos; se requiere, adicionalmente, fomentar el crecimiento a partir del impulso de las actividades económicas, el cual está asociado a una mayor capacidad del sistema para generar empleos y, con ello, al progreso material de la población desempleada, una vez que se integre eficazmente a éste, frenando así su pauperización.
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